8 de junio, 2011
Sólo se pretende gravar la concentración de la tierra
http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2011/06/2011060808.htm
En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra.
En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114, situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector, ni en el valor de la contribución inmobiliaria. Si la contribución hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea y no los US$ 4 que actualmente se tributan.
Según información del Instituto Nacional de Colonización (INC) referida a campos de más de 1.000 hectáreas, en los últimos 10 años el precio de la hectárea se multiplicó por 5 veces y media, pasando de US$ 574 en 1989 a US$ 3.114 en 2009. En términos reales el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2 veces, pasando (a valores de 2009) de US$ 740 a US$ 3.114.
La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009.
Los US$ 4 por hectárea que se pagan actualmente por contribución inmobiliaria equivalen a US$ 3,1 del año 1999. En este caso, si la tributación por contribución inmobiliaria hubiese acompañado la valorización real de la tierra, el pago actual debería ser de US$ 16 por hectárea.
El índice CONEAT mide la diferente capacidad productiva de los suelos. Un índice CONEAT 100 corresponde a la productividad media de los suelos del país.
En ese sentido, un predio de 1.000 hectáreas con un índice CONEAT 150 –que es, por ejemplo, el CONEAT de los suelos del litoral oeste- equivale a 1.500 hectáreas CONEAT 100.
A su vez, un predio de 1.000 hectáreas con un índice CONEAT 60 –que es, por ejemplo, el CONEAT de los suelos del basalto superficial- equivale a 600 hectáreas CONEAT 100.
En ese contexto, para tener 2.000 hectáreas índice CONEAT 100 en el basalto superficial hay que ser propietario de más de 3.300 hectáreas, mientras que en el litoral oeste 1.300 hectáreas equivalen a 2.000 hectáreas CONEAT 100.
La tierra se valoriza con la realización de obras de infraestructura como rutas, caminos o puentes, en el marco de un mejor desarrollo de país en educación, educación, salud y niveles muy bajos de corrupción.
La tierra es un factor productivo diferente al capital y el trabajo y se pueden mejorar los procesos productivos que se desarrollan en la misma, pero no es un producto que se pueda fabricar o importar.
La alta valorización de la tierra en la actualidad y la no existencia de una regulación en la compra - venta, hace que los pequeños arrendadores resulten desplazados por los altos precios que deben pagar.
En ese contexto, los pequeños propietarios resultan también desplazados porque la productividad generada no les permite ingresos superiores a los que obtendrían arrendando o vendiendo sus campos.
jueves, 9 de junio de 2011
lunes, 30 de mayo de 2011
URUGUAY PROFUNDO. RIQUEZA MINERAL PROMETE REVERTIR REZAGO HISTORICO
Aratirí: hay 360: de ton de reservas de hierro de calidad
La inversión más grande de la historia del país supondrá para la región del Uruguay profundo una mutación comparable a la experimentada con Hernandarias primero y el alambramiento de los campos después.
Andrés Pampillón
La empresa minera que lleva adelante el Proyecto Minero Valentines de extracción de hierro en el área de confluencia de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres, con epicentro en la localidad de Cerro de Chato, realizó una presentación a la prensa sobre su emprendimiento.
Las pruebas realizadas desde 2008 a la fecha han confirmado la existencia de importantes reservas de mineral de hierro (magnetita) de excelente calidad, la que luego del proceso aparece como un fino polvillo negro. Este mineral de gran calidad, existe en nuestro suelo en una concentración del 30%. En el proceso industrial de beneficiamiento se eleva su concentración al 70%, que es lo requerido en el mundo con alto valor agregado.
La empresa culminó los estudios de prefactibilidad el año pasado. Y ha comenzado los de factibilidad, que indican que se va por el buen camino. Mientras se tramitan las habilitaciones correspondientes. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya está a estudio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). El organismo ya ha hecho recomendaciones y pedido más informes. Este es un trabajo de ida y vuelta, de varios meses, indicó el ingeniero Santiago Sotuyo, responsable técnico del emprendimiento que, junto al ingeniero Ciro Croce, responsable del área de Medio Ambiente, indicaron que hasta que la Dinama no esté plenamente satisfecha y otorgue la habilitación ambiental previa, no se empezará nada. De transcurrir normalmente, las operaciones mineras comenzarían a inicios de 2013. Pero esto requiere la autorización ambiental de operación. Esta autorización se actualiza cada 3 años durante toda la vida del proyecto. Paralelamente se trabaja en los impactos sociales del proyecto, área a cargo de la licenciada Helga Chulepin.
Impactos y mitigación
Como se sabe, el tamaño, volumen y naturaleza del proyecto ha levantado resistencias en varias organizaciones preocupadas por el medio ambiente. En este sentido, los responsables de Aratirí, si bien reconocen que el emprendimiento tendrá sus impactos, fundamentalmente sobre la fisonomía del paisaje al modificar el relieve cuando se extraiga la roca de los cerros que guardan el mineral, y por el polvo derivado de las explosiones, no obstante ello, consideran que su proyecto se inscribe dentro de la "minería responsable". Entendida ésta como aquella que aplica métodos operativos que buscan mitigar los impactos que todo emprendimiento industrial supone.
Sobre este controversial aspecto, los técnicos indicaron que toda actividad humana genera impactos sobre el ambiente, que la cuestión radica en cómo y no en qué actividad se realiza.
A modo de ejemplo citaron el hecho de que en sus estudios del suelo en la zona, se detectaron altos niveles de fósforo, producto de la utilización de fertilizantes y agrotóxicos en las otras actividades agropecuarias.
Agregaron además, que el método de extracción y concentración del hierro, para alcanzar los entándares mundiales requeridos, prescinde totalmente de productos químicos. La roca extraída es molida mecánicamente. Y el mineral es separado de los demás elementos simplemente por magnetismo.
La inversión y sus efectos
Dentro de los argumentos a favor del emprendimiento esgrimidos por sus responsables, destacaron el elevado monto de inversión, unos US$ 2.800 millones, de los que ya se ejecutaron 100. Una vez en funcionamiento supondrá que el PBI del país se incremente 1,5% hasta el 2033. Mencionaron que ya están trabajando 400 personas. Durante la construcción de las instalaciones se emplearán hasta 4.000. Una vez en funcionamiento, insumirá 1.500 puestos de trabajo directos y 15 mil indirectos, con salarios que triplican los que pagan las otras actividades rurales. A su vez proyectan la construcción de unas 1.000 viviendas permanentes. Destacando que el proyecto va en línea con las necesidades del país de diversificar su matriz productiva. La minería, indicaron, puede ser el puntapié para el desarrollo de nuevas cadenas industriales, creando a su vez nuevas capacidades y conocimientos. Tanto a nivel local, como nacional.
Área de influencia
El área físicamente afectada para el emprendimiento es de 6.210 hectáreas, involucrando 148 padrones y 76 propietarios.
Involucra los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha. Estos dos últimos directamente vinculados a la construcción del mineroducto que conducirá el hierro hasta la Terminal en la costa de Rocha, en la zona de la Angostura (La Esmeralda). A su vez, en cuanto a la demanda de trabajadores, proveedores e insumos, la influencia seguramente se extienda a todo el país.
Los responsables de Aratirí recordaron que Cerro Chato tiene una población aproximada de 3.500 personas y Valentines de unas 350 y si bien se busca en primer lugar atender las necesidades laborales de la zona, por lo que la demanda de mano de obra y servicios trascenderá largamente las capacidades locales, y será un dinamizador de la actividad a nivel nacional.
El proceso industrial
Se realiza la extracción de la roca, se la procesa (trituración) para extraer el mineral de hierro (la magnetita), se la transporta suspendido en agua a través del mineroducto hasta la Terminal en Rocha. Allí se extrae el mineral hierro del agua que la transporta y se almacena en una especie de silo. Luego, a través de una cinta transportadora, que ingresa sobre pilotes de 6 metros de altura 2,5 km más adentro, es cargada en buques de gran calado, de unos 18 metros. De allí a China y otros grandes mercados.
El mineroducto
El sistema para transportar el mineral de la zona de extracción hasta su embarque se realiza a través de un mineroducto. Un circuito cerrado de cañerías que consta de un caño de 62 cm de diámetro, que traslada el mineral suspendido en agua hasta la Terminal. Una vez separado el mineral, el agua retorna al punto de inicio del proceso, por otro caño de las mismas dimensiones. Ambos se instalarán 1 metro bajo tierra, con una separación entre ello no mayor al metro y medio. En esa franja, que afecta 222 padrones, los propietarios recibirán un pago a cargo de la empresa, por derecho de servidumbre. La actividad agropecuaria podrá seguir normalmente, con la sola prohibición de forestar o construir en la franja de terreno. El mineroducto constará con una fibra óptica que permitiría su monitoreo a lo largo de toda su extensión. El sistema permite un máximo aprovechamiento del agua. En el proceso se pierde un mínimo porcentaje que queda en el mineral, ya que es embarcado con cierta humedad, reduciendo el gasto energético derivado del secado.
Cronograma
Se ha terminado el estudio de prefactibilidad y ha comenzado el de factibilidad. En 2012 comienza el proyecto ejecutivo y la construcción de las infraestructuras básicas.
Las operaciones de extracción y concentración de hierro propiamente dichas y la extracción de hierro en el inicio del 2013.
Publicado por el diario La Republica, Sábado, 28 de mayo, 2011
La inversión más grande de la historia del país supondrá para la región del Uruguay profundo una mutación comparable a la experimentada con Hernandarias primero y el alambramiento de los campos después.
Andrés Pampillón
La empresa minera que lleva adelante el Proyecto Minero Valentines de extracción de hierro en el área de confluencia de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres, con epicentro en la localidad de Cerro de Chato, realizó una presentación a la prensa sobre su emprendimiento.
Las pruebas realizadas desde 2008 a la fecha han confirmado la existencia de importantes reservas de mineral de hierro (magnetita) de excelente calidad, la que luego del proceso aparece como un fino polvillo negro. Este mineral de gran calidad, existe en nuestro suelo en una concentración del 30%. En el proceso industrial de beneficiamiento se eleva su concentración al 70%, que es lo requerido en el mundo con alto valor agregado.
La empresa culminó los estudios de prefactibilidad el año pasado. Y ha comenzado los de factibilidad, que indican que se va por el buen camino. Mientras se tramitan las habilitaciones correspondientes. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya está a estudio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). El organismo ya ha hecho recomendaciones y pedido más informes. Este es un trabajo de ida y vuelta, de varios meses, indicó el ingeniero Santiago Sotuyo, responsable técnico del emprendimiento que, junto al ingeniero Ciro Croce, responsable del área de Medio Ambiente, indicaron que hasta que la Dinama no esté plenamente satisfecha y otorgue la habilitación ambiental previa, no se empezará nada. De transcurrir normalmente, las operaciones mineras comenzarían a inicios de 2013. Pero esto requiere la autorización ambiental de operación. Esta autorización se actualiza cada 3 años durante toda la vida del proyecto. Paralelamente se trabaja en los impactos sociales del proyecto, área a cargo de la licenciada Helga Chulepin.
Impactos y mitigación
Como se sabe, el tamaño, volumen y naturaleza del proyecto ha levantado resistencias en varias organizaciones preocupadas por el medio ambiente. En este sentido, los responsables de Aratirí, si bien reconocen que el emprendimiento tendrá sus impactos, fundamentalmente sobre la fisonomía del paisaje al modificar el relieve cuando se extraiga la roca de los cerros que guardan el mineral, y por el polvo derivado de las explosiones, no obstante ello, consideran que su proyecto se inscribe dentro de la "minería responsable". Entendida ésta como aquella que aplica métodos operativos que buscan mitigar los impactos que todo emprendimiento industrial supone.
Sobre este controversial aspecto, los técnicos indicaron que toda actividad humana genera impactos sobre el ambiente, que la cuestión radica en cómo y no en qué actividad se realiza.
A modo de ejemplo citaron el hecho de que en sus estudios del suelo en la zona, se detectaron altos niveles de fósforo, producto de la utilización de fertilizantes y agrotóxicos en las otras actividades agropecuarias.
Agregaron además, que el método de extracción y concentración del hierro, para alcanzar los entándares mundiales requeridos, prescinde totalmente de productos químicos. La roca extraída es molida mecánicamente. Y el mineral es separado de los demás elementos simplemente por magnetismo.
La inversión y sus efectos
Dentro de los argumentos a favor del emprendimiento esgrimidos por sus responsables, destacaron el elevado monto de inversión, unos US$ 2.800 millones, de los que ya se ejecutaron 100. Una vez en funcionamiento supondrá que el PBI del país se incremente 1,5% hasta el 2033. Mencionaron que ya están trabajando 400 personas. Durante la construcción de las instalaciones se emplearán hasta 4.000. Una vez en funcionamiento, insumirá 1.500 puestos de trabajo directos y 15 mil indirectos, con salarios que triplican los que pagan las otras actividades rurales. A su vez proyectan la construcción de unas 1.000 viviendas permanentes. Destacando que el proyecto va en línea con las necesidades del país de diversificar su matriz productiva. La minería, indicaron, puede ser el puntapié para el desarrollo de nuevas cadenas industriales, creando a su vez nuevas capacidades y conocimientos. Tanto a nivel local, como nacional.
Área de influencia
El área físicamente afectada para el emprendimiento es de 6.210 hectáreas, involucrando 148 padrones y 76 propietarios.
Involucra los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha. Estos dos últimos directamente vinculados a la construcción del mineroducto que conducirá el hierro hasta la Terminal en la costa de Rocha, en la zona de la Angostura (La Esmeralda). A su vez, en cuanto a la demanda de trabajadores, proveedores e insumos, la influencia seguramente se extienda a todo el país.
Los responsables de Aratirí recordaron que Cerro Chato tiene una población aproximada de 3.500 personas y Valentines de unas 350 y si bien se busca en primer lugar atender las necesidades laborales de la zona, por lo que la demanda de mano de obra y servicios trascenderá largamente las capacidades locales, y será un dinamizador de la actividad a nivel nacional.
El proceso industrial
Se realiza la extracción de la roca, se la procesa (trituración) para extraer el mineral de hierro (la magnetita), se la transporta suspendido en agua a través del mineroducto hasta la Terminal en Rocha. Allí se extrae el mineral hierro del agua que la transporta y se almacena en una especie de silo. Luego, a través de una cinta transportadora, que ingresa sobre pilotes de 6 metros de altura 2,5 km más adentro, es cargada en buques de gran calado, de unos 18 metros. De allí a China y otros grandes mercados.
El mineroducto
El sistema para transportar el mineral de la zona de extracción hasta su embarque se realiza a través de un mineroducto. Un circuito cerrado de cañerías que consta de un caño de 62 cm de diámetro, que traslada el mineral suspendido en agua hasta la Terminal. Una vez separado el mineral, el agua retorna al punto de inicio del proceso, por otro caño de las mismas dimensiones. Ambos se instalarán 1 metro bajo tierra, con una separación entre ello no mayor al metro y medio. En esa franja, que afecta 222 padrones, los propietarios recibirán un pago a cargo de la empresa, por derecho de servidumbre. La actividad agropecuaria podrá seguir normalmente, con la sola prohibición de forestar o construir en la franja de terreno. El mineroducto constará con una fibra óptica que permitiría su monitoreo a lo largo de toda su extensión. El sistema permite un máximo aprovechamiento del agua. En el proceso se pierde un mínimo porcentaje que queda en el mineral, ya que es embarcado con cierta humedad, reduciendo el gasto energético derivado del secado.
Cronograma
Se ha terminado el estudio de prefactibilidad y ha comenzado el de factibilidad. En 2012 comienza el proyecto ejecutivo y la construcción de las infraestructuras básicas.
Las operaciones de extracción y concentración de hierro propiamente dichas y la extracción de hierro en el inicio del 2013.
Publicado por el diario La Republica, Sábado, 28 de mayo, 2011
miércoles, 11 de mayo de 2011
ADOLESCENTES INFRACTORES
REBAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
En Uruguay, los menores de edad que cometen delitos son imputables desde los 13 años, y existe un sistema penal juvenil para los adolescentes de 13 a 18 años, acorde a lo que marca la Constitución (art. 43) y los Tratados Internacionales que el país ha ratificado. Uruguay es el país de América Latina donde los adolescentes son imputables a más baja edad. En Chile por ejemplo, es desde los 14 años, y están también bajo la órbita de un sistema penal juvenil.”
La conclusión inequívoca es que entonces los adolescentes que infrinjan la ley y tengan entre 16 y 18 años irán a las cárceles de adultos (COMCAR, Libertad, etc.) a hacer posgrado de delincuencia con los presos adultos.
En el acuerdo multipartidario sobre seguridad, los cuatro partidos políticos firmaron lo que sigue:
3.19.5 Creación de un Instituto de Rehabilitación de los Adolescentes en conflicto con la ley penal como organismo especializado (Punto 3.16.1) en la ejecución de las medidas dispuestas por la justicia, con el más alto grado de autonomía técnica.
El Instituto constará con personal capacitado e infraestructura edilicia acorde, con el fin de garantizar tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, como de asegurar un clima de respeto a los derechos humanos compatible con las necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes".
El Senador Bordaberry dice que no, los adolescentes no van a ir a las cárceles adultas, van a crear un Instituto para los de 16 a 18 años.
Me pregunto: ¿y los de 13 a 15 años dónde quedan? ¿Para qué quieren "rebajar la imputabilidad" entonces?
Existe legítima necesidad en nuestra población de vivir de forma más segura; y esa necesidad se identifica muchas veces con tener a buen recaudo a los "menores" (aunque éstos cometen el 8% del total de delitos cometidos en Uruguay según datos del Poder Judicial; aunque hay 9.000 presos adultos y 320 menores de edad presos).
Vamos a vivir más seguros si logramos que los adolescentes que infringen la ley se rehabiliten y no vuelvan a delinquir. Ese es el camino por el que habíamos optado todos los partidos, resolver el problema de fondO.
Diputado Julio Bango. Fragmento del texto publicado en su columna de Montevideo Portal
En Uruguay, los menores de edad que cometen delitos son imputables desde los 13 años, y existe un sistema penal juvenil para los adolescentes de 13 a 18 años, acorde a lo que marca la Constitución (art. 43) y los Tratados Internacionales que el país ha ratificado. Uruguay es el país de América Latina donde los adolescentes son imputables a más baja edad. En Chile por ejemplo, es desde los 14 años, y están también bajo la órbita de un sistema penal juvenil.”
La conclusión inequívoca es que entonces los adolescentes que infrinjan la ley y tengan entre 16 y 18 años irán a las cárceles de adultos (COMCAR, Libertad, etc.) a hacer posgrado de delincuencia con los presos adultos.
En el acuerdo multipartidario sobre seguridad, los cuatro partidos políticos firmaron lo que sigue:
3.19.5 Creación de un Instituto de Rehabilitación de los Adolescentes en conflicto con la ley penal como organismo especializado (Punto 3.16.1) en la ejecución de las medidas dispuestas por la justicia, con el más alto grado de autonomía técnica.
El Instituto constará con personal capacitado e infraestructura edilicia acorde, con el fin de garantizar tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, como de asegurar un clima de respeto a los derechos humanos compatible con las necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes".
El Senador Bordaberry dice que no, los adolescentes no van a ir a las cárceles adultas, van a crear un Instituto para los de 16 a 18 años.
Me pregunto: ¿y los de 13 a 15 años dónde quedan? ¿Para qué quieren "rebajar la imputabilidad" entonces?
Existe legítima necesidad en nuestra población de vivir de forma más segura; y esa necesidad se identifica muchas veces con tener a buen recaudo a los "menores" (aunque éstos cometen el 8% del total de delitos cometidos en Uruguay según datos del Poder Judicial; aunque hay 9.000 presos adultos y 320 menores de edad presos).
Vamos a vivir más seguros si logramos que los adolescentes que infringen la ley se rehabiliten y no vuelvan a delinquir. Ese es el camino por el que habíamos optado todos los partidos, resolver el problema de fondO.
Diputado Julio Bango. Fragmento del texto publicado en su columna de Montevideo Portal
domingo, 17 de abril de 2011
NO FIRMO!!!
El Partido Colorado como colectividad y en particular su figura más representativa, el senador Pedro Bordaberry, se lanzó con armas y bagajes a la campaña para habilitar un plebiscito que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La iniciativa necesita 250 mil firmas para habilitar una votación simultánea con las elecciones de 2014. Según las versiones de prensa lleva 70 mil firmas reunidas. La violencia en general y la implicación en ella de menores de edad es un problema en el mundo entero y en Uruguay también. No pretendemos negarlo ni disminuir su impacto. Pero el plebiscito impulsado por Bordaberry no es la solución; es más, ni siquiera procura serlo.
Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos.
Primero.- El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayó en varios países del mundo y fracasó. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la “Mano dura” y después la “Súper Mano dura” y sólo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes, por lo cual no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su “Tolerancia Cero” impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial; tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros ha empeorado.
Segundo.- La campaña de Bordaberry parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef , “el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados `infracciones gravísimas a la ley´ - homicidio, violación, rapiña, secuestro – y hace referencia a todas aquellas figuras delictivas previstas en el Código Penal. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aun como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito”. Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad. Lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Eso contraviene todas las normas internacionales y además, vale reiterarlo una vez más, donde se hizo, fracasó.
Tercero.- Hay 260 mil adolescentes en Uruguay, mientras los que están en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%; el 94.4% restante es protagonizado por mayores. El número de delitos cometidos por menores se ha mantenido estable, aunque ha crecido respecto de los registros históricos. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del INAU, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la reinserción. Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales. Algunos quieren que se mantengan de modo completo; ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo. Otros lo consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto, que es, reiteramos el principal problema en cuanto a los menores infractores.
Cuarto.- Bordaberry integró como Ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita, enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza, multiplicaron el desempleo y la deserción estudiantil. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. La juventud uruguaya hoy, a pesar de todos los avances, es uno de los sectores más golpeados de la sociedad. De los 112.000 desocupados registrados en promedio en 2010, casi la mitad fueran menores de 25 años. El 17,9% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Los índices de pobreza e indigencia son entre los jóvenes casi el triple que los nacionales. Bordaberry lo único que propone es represión. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes: primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión.
Quinto.- La violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, incluso sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con su concepción y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales; su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria. De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población.
El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo; cómo integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos.
Fuente: El Popular
Leer más: http://esquinamontevideo.blogspot.com/2011/04/uruguay-la-campana-de-bordaberry-o-la.html#ixzz1JnkBK5o4
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Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos.
Primero.- El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayó en varios países del mundo y fracasó. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la “Mano dura” y después la “Súper Mano dura” y sólo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes, por lo cual no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su “Tolerancia Cero” impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial; tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros ha empeorado.
Segundo.- La campaña de Bordaberry parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef , “el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados `infracciones gravísimas a la ley´ - homicidio, violación, rapiña, secuestro – y hace referencia a todas aquellas figuras delictivas previstas en el Código Penal. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aun como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito”. Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad. Lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Eso contraviene todas las normas internacionales y además, vale reiterarlo una vez más, donde se hizo, fracasó.
Tercero.- Hay 260 mil adolescentes en Uruguay, mientras los que están en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%; el 94.4% restante es protagonizado por mayores. El número de delitos cometidos por menores se ha mantenido estable, aunque ha crecido respecto de los registros históricos. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del INAU, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la reinserción. Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales. Algunos quieren que se mantengan de modo completo; ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo. Otros lo consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto, que es, reiteramos el principal problema en cuanto a los menores infractores.
Cuarto.- Bordaberry integró como Ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita, enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza, multiplicaron el desempleo y la deserción estudiantil. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. La juventud uruguaya hoy, a pesar de todos los avances, es uno de los sectores más golpeados de la sociedad. De los 112.000 desocupados registrados en promedio en 2010, casi la mitad fueran menores de 25 años. El 17,9% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Los índices de pobreza e indigencia son entre los jóvenes casi el triple que los nacionales. Bordaberry lo único que propone es represión. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes: primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión.
Quinto.- La violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, incluso sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con su concepción y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales; su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria. De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población.
El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo; cómo integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos.
Fuente: El Popular
Leer más: http://esquinamontevideo.blogspot.com/2011/04/uruguay-la-campana-de-bordaberry-o-la.html#ixzz1JnkBK5o4
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jueves, 14 de abril de 2011
COMUNICADO DE PRENSA DE UNICEF
POSICIÓN DE UNICEF ANTE EL DEBATE PÚBLICO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
Montevideo, 6 de abril de 2011
En el marco del debate público sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley, UNICEF entiende pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:
Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional.
El 28 de septiembre de 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas en la Convención se apliquen en el país.
En materia de responsabilidad penal de adolescentes la Convención, en sus artículos 1, 37 y 40, establece claramente que:
- Ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto.
- Se establezca una edad mínima por debajo de la cual el Estado renuncia a cualquier tipo de responsabilidad penal.
- Se implemente en el país un sistema de responsabilidad penal específico para los menores de edad, que garantice la presunción de inocencia y el debido proceso legal y que establezca penas diferenciadas, donde la privación de libertad se utilice tan sólo como medida de último recurso.
El parlamento uruguayo, en cumplimiento de las obligaciones contraídas, aprobó en el año 2004 la ley número 17.823 – Código de la Niñez y la Adolescencia – que avanza en la adecuación de la normativa nacional a la Convención. En particular, en materia penal, el Código establece un sistema específico para adolescentes entre 13 y 18 años de edad (artículos 69 al 116). Es importante señalar entonces que, pese a la creencia de diferentes sectores de la opinión pública, en Uruguay los adolescentes no son impunes.
Respecto a la implementación del Código, y en particular sobre el funcionamiento del sistema penal de adolescentes, se evidencian importantes dificultades:
En primer lugar, hay consenso entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública.
En segundo lugar, se constata una utilización aún limitada de las penas alternativas a la privación de libertad y la necesidad de fortalecerlas para que este tipo de sanciones sean una opción válida y eficiente.
En tercer lugar, se identifica la necesidad de avanzar en la especialización del sistema de justicia penal de adolescentes, a través de la asignación adecuada de recursos y la profundización de la capacitación de los operadores.
En cuarto lugar, la situación de los adolescentes en contacto con el sistema penal juvenil evidencia fallas previas en las políticas públicas del país. Para que el número de potenciales “clientes” del sistema penal se ubique en una dimensión cuantitativa razonable, es necesario reforzar aquellas políticas que tienen como objetivo la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales.
Por último, UNICEF reitera su compromiso de continuar apoyando el trabajo del país y a sus autoridades, para asegurar el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay.
Por más información
María Victoria Blanc, Oficial de Comunicación (mvblanc@unicef.org)
Soledad Acuña, Comunicación y Prensa (sacunia@unicef.org /099628011)
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad, la prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de UNICEF y su trabajo, sírvase visitar www.unicef.org
Montevideo, 6 de abril de 2011
En el marco del debate público sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley, UNICEF entiende pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:
Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional.
El 28 de septiembre de 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas en la Convención se apliquen en el país.
En materia de responsabilidad penal de adolescentes la Convención, en sus artículos 1, 37 y 40, establece claramente que:
- Ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto.
- Se establezca una edad mínima por debajo de la cual el Estado renuncia a cualquier tipo de responsabilidad penal.
- Se implemente en el país un sistema de responsabilidad penal específico para los menores de edad, que garantice la presunción de inocencia y el debido proceso legal y que establezca penas diferenciadas, donde la privación de libertad se utilice tan sólo como medida de último recurso.
El parlamento uruguayo, en cumplimiento de las obligaciones contraídas, aprobó en el año 2004 la ley número 17.823 – Código de la Niñez y la Adolescencia – que avanza en la adecuación de la normativa nacional a la Convención. En particular, en materia penal, el Código establece un sistema específico para adolescentes entre 13 y 18 años de edad (artículos 69 al 116). Es importante señalar entonces que, pese a la creencia de diferentes sectores de la opinión pública, en Uruguay los adolescentes no son impunes.
Respecto a la implementación del Código, y en particular sobre el funcionamiento del sistema penal de adolescentes, se evidencian importantes dificultades:
En primer lugar, hay consenso entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública.
En segundo lugar, se constata una utilización aún limitada de las penas alternativas a la privación de libertad y la necesidad de fortalecerlas para que este tipo de sanciones sean una opción válida y eficiente.
En tercer lugar, se identifica la necesidad de avanzar en la especialización del sistema de justicia penal de adolescentes, a través de la asignación adecuada de recursos y la profundización de la capacitación de los operadores.
En cuarto lugar, la situación de los adolescentes en contacto con el sistema penal juvenil evidencia fallas previas en las políticas públicas del país. Para que el número de potenciales “clientes” del sistema penal se ubique en una dimensión cuantitativa razonable, es necesario reforzar aquellas políticas que tienen como objetivo la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales.
Por último, UNICEF reitera su compromiso de continuar apoyando el trabajo del país y a sus autoridades, para asegurar el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay.
Por más información
María Victoria Blanc, Oficial de Comunicación (mvblanc@unicef.org)
Soledad Acuña, Comunicación y Prensa (sacunia@unicef.org /099628011)
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad, la prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de UNICEF y su trabajo, sírvase visitar www.unicef.org
jueves, 2 de julio de 2009
miércoles, 10 de diciembre de 2008
viernes, 28 de noviembre de 2008
jueves, 27 de noviembre de 2008
miércoles, 26 de noviembre de 2008
martes, 3 de junio de 2008
medios de prensa en el año de Vaz Ferreira
Este año, la Comisión Nacional del Patrimonio decidió que el Día del Patrimonio esté dedicado a honrar la memoria de Carlos Vaz Ferreira, por cumplirse cincuenta años de su fallecimiento.
Lo que sorprende de Vaz Ferreira, es que muchas de sus ideas y opiniones siguen estando tan vigentes como en el momento en que fueron emitidas, a pesar del paso de los años.
Una de ellas es la afirmación que hace sobre los medios de prensa, que transcribimos a continuación:
“La prensa es un bien, un inmenso bien, es todo lo que se dice, y hasta todo lo que se declama sobre ella; es apostolado, sacerdocio, cuarto poder y todo lo demás; es todo eso, sinceramente”
“Los bienes que la hacen tal no pueden separarse de ciertos males. Razón de más para estudiarlos, para prevenirnos contra esa especie de inmoralidad intrínseca, con el objeto de saber si es posible evitarla y, si no, atenuarla hasta donde nos sea posible.”
La opinión de alguien que “escribe en un diario (…) puede, al otro día, manifestándose por medio de un artículo, impresionar a todo el país; puede llevar la convicción, hacer creer en un hecho, tal vez falso, a millones de personas; puede destruir una reputación para siempre; puede hacer al honor, a la felicidad de uno o de muchos seres un mal irreparable. La prensa está organizada de una manera tal que la afirmación (y, si no, la insinuación) debe venir siempre, casi fatalmente, antes que la prueba o, en todo caso, nunca puede esperar la prueba lógicamente rigurosa, ni aún aceptable. Comparen ustedes la obligación del periodista (…) con la que la buena moral exigiría. Mientras no exista una prueba absoluta de un hecho (…) es deber nuestro no admitirlo y, mucho más, no propagarlo. (…) Enseñamos a nuestros hijos (…) que deben guardarse bien de propagar hechos vergonzosos no probados y ni siquiera los probados cuando no sea necesario. Y, entre tanto, el periodista está obligado, una vez que un hombre es acusado de un delito —está o se considera obligado— a hacerlo saber inmediatamente a unos cuantos millares de personas”
“Existe en mecánica un aparato que se llama, justamente, prensa: la prensa hidráulica, por cuyo medio (…) un niño puede realizar trabajos colosales, puede levantar moles, puede triturarlas; pues bien, en la otra prensa sucede absolutamente lo mismo: cualquiera, también, puede, por ejemplo, levantar reputaciones o hacerlas pedazos con la mayor facilidad y hasta con la misma inconciencia del niño.”
“Hay en la prensa (…) una causa de inmoralidad intrínseca, inevitable, que puede descomponerse en dos: en lo relativo a los hechos, la obligación de afirmar sin información bastante; y en lo relativo a la doctrina, la obligación de opinar sobre todos los asuntos”
Lo que sorprende de Vaz Ferreira, es que muchas de sus ideas y opiniones siguen estando tan vigentes como en el momento en que fueron emitidas, a pesar del paso de los años.
Una de ellas es la afirmación que hace sobre los medios de prensa, que transcribimos a continuación:
“La prensa es un bien, un inmenso bien, es todo lo que se dice, y hasta todo lo que se declama sobre ella; es apostolado, sacerdocio, cuarto poder y todo lo demás; es todo eso, sinceramente”
“Los bienes que la hacen tal no pueden separarse de ciertos males. Razón de más para estudiarlos, para prevenirnos contra esa especie de inmoralidad intrínseca, con el objeto de saber si es posible evitarla y, si no, atenuarla hasta donde nos sea posible.”
La opinión de alguien que “escribe en un diario (…) puede, al otro día, manifestándose por medio de un artículo, impresionar a todo el país; puede llevar la convicción, hacer creer en un hecho, tal vez falso, a millones de personas; puede destruir una reputación para siempre; puede hacer al honor, a la felicidad de uno o de muchos seres un mal irreparable. La prensa está organizada de una manera tal que la afirmación (y, si no, la insinuación) debe venir siempre, casi fatalmente, antes que la prueba o, en todo caso, nunca puede esperar la prueba lógicamente rigurosa, ni aún aceptable. Comparen ustedes la obligación del periodista (…) con la que la buena moral exigiría. Mientras no exista una prueba absoluta de un hecho (…) es deber nuestro no admitirlo y, mucho más, no propagarlo. (…) Enseñamos a nuestros hijos (…) que deben guardarse bien de propagar hechos vergonzosos no probados y ni siquiera los probados cuando no sea necesario. Y, entre tanto, el periodista está obligado, una vez que un hombre es acusado de un delito —está o se considera obligado— a hacerlo saber inmediatamente a unos cuantos millares de personas”
“Existe en mecánica un aparato que se llama, justamente, prensa: la prensa hidráulica, por cuyo medio (…) un niño puede realizar trabajos colosales, puede levantar moles, puede triturarlas; pues bien, en la otra prensa sucede absolutamente lo mismo: cualquiera, también, puede, por ejemplo, levantar reputaciones o hacerlas pedazos con la mayor facilidad y hasta con la misma inconciencia del niño.”
“Hay en la prensa (…) una causa de inmoralidad intrínseca, inevitable, que puede descomponerse en dos: en lo relativo a los hechos, la obligación de afirmar sin información bastante; y en lo relativo a la doctrina, la obligación de opinar sobre todos los asuntos”
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