“No tengo más enemigos, sino los que se oponen a la pública felicidad, y que serán únicamente mis amigos los que contribuyan a fijarla.” José Gervasio Artigas

domingo, 17 de abril de 2011

NO FIRMO!!!

El Partido Colorado como colectividad y en particular su figura más representativa, el senador Pedro Bordaberry, se lanzó con armas y bagajes a la campaña para habilitar un plebiscito que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La iniciativa necesita 250 mil firmas para habilitar una votación simultánea con las elecciones de 2014. Según las versiones de prensa lleva 70 mil firmas reunidas. La violencia en general y la implicación en ella de menores de edad es un problema en el mundo entero y en Uruguay también. No pretendemos negarlo ni disminuir su impacto. Pero el plebiscito impulsado por Bordaberry no es la solución; es más, ni siquiera procura serlo.

Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos.

Primero.- El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayó en varios países del mundo y fracasó. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la “Mano dura” y después la “Súper Mano dura” y sólo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes, por lo cual no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su “Tolerancia Cero” impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial; tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros ha empeorado.

Segundo.- La campaña de Bordaberry parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef , “el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados `infracciones gravísimas a la ley´ - homicidio, violación, rapiña, secuestro – y hace referencia a todas aquellas figuras delictivas previstas en el Código Penal. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aun como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito”. Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad. Lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Eso contraviene todas las normas internacionales y además, vale reiterarlo una vez más, donde se hizo, fracasó.

Tercero.- Hay 260 mil adolescentes en Uruguay, mientras los que están en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%; el 94.4% restante es protagonizado por mayores. El número de delitos cometidos por menores se ha mantenido estable, aunque ha crecido respecto de los registros históricos. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del INAU, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la reinserción. Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales. Algunos quieren que se mantengan de modo completo; ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo. Otros lo consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto, que es, reiteramos el principal problema en cuanto a los menores infractores.

Cuarto.- Bordaberry integró como Ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita, enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza, multiplicaron el desempleo y la deserción estudiantil. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. La juventud uruguaya hoy, a pesar de todos los avances, es uno de los sectores más golpeados de la sociedad. De los 112.000 desocupados registrados en promedio en 2010, casi la mitad fueran menores de 25 años. El 17,9% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Los índices de pobreza e indigencia son entre los jóvenes casi el triple que los nacionales. Bordaberry lo único que propone es represión. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes: primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión.

Quinto.- La violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, incluso sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con su concepción y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales; su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria. De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población.

El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo; cómo integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos.

Fuente: El Popular

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jueves, 14 de abril de 2011

COMUNICADO DE PRENSA DE UNICEF

POSICIÓN DE UNICEF ANTE EL DEBATE PÚBLICO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

Montevideo, 6 de abril de 2011
En el marco del debate público sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley, UNICEF entiende pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:
Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional.
El 28 de septiembre de 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas en la Convención se apliquen en el país.
En materia de responsabilidad penal de adolescentes la Convención, en sus artículos 1, 37 y 40, establece claramente que:
- Ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto.
- Se establezca una edad mínima por debajo de la cual el Estado renuncia a cualquier tipo de responsabilidad penal.
- Se implemente en el país un sistema de responsabilidad penal específico para los menores de edad, que garantice la presunción de inocencia y el debido proceso legal y que establezca penas diferenciadas, donde la privación de libertad se utilice tan sólo como medida de último recurso.
El parlamento uruguayo, en cumplimiento de las obligaciones contraídas, aprobó en el año 2004 la ley número 17.823 – Código de la Niñez y la Adolescencia – que avanza en la adecuación de la normativa nacional a la Convención. En particular, en materia penal, el Código establece un sistema específico para adolescentes entre 13 y 18 años de edad (artículos 69 al 116). Es importante señalar entonces que, pese a la creencia de diferentes sectores de la opinión pública, en Uruguay los adolescentes no son impunes.
Respecto a la implementación del Código, y en particular sobre el funcionamiento del sistema penal de adolescentes, se evidencian importantes dificultades:
En primer lugar, hay consenso entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública.
En segundo lugar, se constata una utilización aún limitada de las penas alternativas a la privación de libertad y la necesidad de fortalecerlas para que este tipo de sanciones sean una opción válida y eficiente.
En tercer lugar, se identifica la necesidad de avanzar en la especialización del sistema de justicia penal de adolescentes, a través de la asignación adecuada de recursos y la profundización de la capacitación de los operadores.
En cuarto lugar, la situación de los adolescentes en contacto con el sistema penal juvenil evidencia fallas previas en las políticas públicas del país. Para que el número de potenciales “clientes” del sistema penal se ubique en una dimensión cuantitativa razonable, es necesario reforzar aquellas políticas que tienen como objetivo la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales.
Por último, UNICEF reitera su compromiso de continuar apoyando el trabajo del país y a sus autoridades, para asegurar el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay.

Por más información
María Victoria Blanc, Oficial de Comunicación (mvblanc@unicef.org)
Soledad Acuña, Comunicación y Prensa (sacunia@unicef.org /099628011)

Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad, la prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de UNICEF y su trabajo, sírvase visitar www.unicef.org

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