Escribe: Mtro. Prof. Julio Arredondo Larrosa.
(Maestro y Profesor de Pedagogía)
“Señora, señor, me voy a resfriar
para que sus hijos puedan estudiar”.
Así los vimos cantar por televisión, bajo la lluvia, con paraguas y caminando de la mano por la calle. Un pueblo reclamando la educación gratuita. Comenzaron los estudiantes pero ahora son profesores, obreros, empleados y vecinos. Reclaman un cambio de paradigma que tienen que ver no sólo con el financiamiento sino también con la estructura y la institucionalidad. Es que el neoliberalismo caló profundo en América Latina, mercantilizó la educación e impulsó el sometimiento intelectual criminalizando el pensamiento divergente. Pero la lucha de los
estudiantes de secundaria de hace unos años hoy tiene continuidad en la lucha de los universitarios del presente.
El sistema educativo chileno es el más costoso del mundo para los estudiantes y su familia. Los jóvenes del país trasandino llevan varias semanas en una lucha por tener un sistema educativo gratuito y diferente, que se ha convertido en una causa popular. Varios realizan una huelga de hambre que pone en riesgo sus vidas. En el medio, la represión policial y un adolescente muerto, bombas lacrimógenas y aguas servidas en los “guanacos”, milicos al galope queriendo golpear y
carabineros infiltrados -ya conocemos en el Uruguay ese expediente, triste recuerdo- el reclamo popular es criminalizado por la derecha y la protesta condenada desde el poder, a veces en forma grotesca y en otras oportunidades de manera más sutil.
La privatización de la educación avanzó en Chile en forma singular y profunda, el 85 % del total del gasto en educación lo pagan los estudiantes y sus familias; pero no es un caso aislado, en América la oleada privatizadora llega a todas las playas y se apoya en el cuestionamiento y descrédito de la educación pública. El 30 de junio comenzó una movilización cuyo detonante fueron los anuncios de pasaje a la órbita privada de la Universidad Tecnológica Metropolitana, una institución pública desfinanciada y atacada sistemáticamente. Como vemos se recurre frecuentemente a desprestigiar la educación pública para abonar la mercantilización y el fortalecimiento de las empresas dedicadas a la educación. Para algunos neoliberales el modelo chileno era un modelo a seguir, veremos si después de estos acontecimientos siguen sosteniendo la pertinencia del sistema de “voucher“ y la mejor condición de la educación privada.
Los estudiantes han realizado propuestas y las respuestas parecen ser convergentes a evitar cambios de fondo. En 1980 los establecimientos del Estado son transferidos a los municipios,siguiendo lineamientos de organismos internacionales. En 1982 comienza a entregarse un recibo
de pago que los padres pueden entregar en la escuela que elijan. Los maestros y profesores dejan de ser empleados públicos y son subvencionados con un mes de sueldo por año trabajado. Los
docentes comienzan a ser contratados por el sistema privado. Las escuelas compiten en “calidad” para captar más alumnos y la fragmentación se acompaña con el aumento de las desigualdades.
Entre 1980 y 2008 la matrícula de instituciones administradas por los municipios bajó del 79% al 48%, el financiamiento mediante voucher hizo que la matrícula de la administración particular subvencionada pasara del 15% al 48%. El Estado debe hacerse cargo de la educación sólo en los lugares donde no hay oferta privada. El 47% de la matrícula corresponde a establecimientos con financiamiento parcial o total de la familia. Todos ellos reciben exenciones tributarias que se han calculado en 150 millones de dólares anuales. Es en 1993 la Ley de Impuesto a la Renta autorizó a los colegios subvencionados y municipales a cobrar una cuota a las familias. A los gestores privados se les entrega directamente la subvención por alumnos asistentes, en cambio las correspondientes a las instituciones municipales las recibe el Municipio. Al comenzar la escolarización los padres deben decidir si envían su hijo a un colegio
municipal que se financia con la subvención estatal, a un privado subvencionado o uno pago. Un tercio de los establecimientos de educación básica son particulares subvencionados y esta cifra asciende al 50% en la educación secundaria. De hecho los alumnos más pobres se mantienen en las escuelas municipales que son las que tienen mayores necesidades y menores ingresos. La educación superior tiene un costo de unos 2000 dólares anuales, sea pública o privada. Las
empresas educativas se reservan el derecho de admisión y selección de los estudiantes por razones académicas o sociales.
Tanto la Constitución como la Ley de Educación ponen el énfasis en la libertad de enseñanza y la libertad de empresa en detrimento del derecho a la Educación, y estas libertades son entendidas por algunos como abstención del Estado para intervenir en las empresas dedicadas a la
educación. La educación queda así regida por las leyes del mercado donde quien quiera puede convertirse en “cooperador de la función educativa del Estado”. Una vez logrado ese estatus no es raro que se aparezcan asistencias completas simuladas, contrataciones de docentes a término hasta noviembre, o de personal sin formación específica. Para completar el panorama en 2001 se decretó el carácter “reservado” de la información sobre las subvenciones que reciben las empresas educacionales.
Este es el legado que dejó la dictadura de Pinochet en su ordenado retiro, una normativa que consolida el proyecto neoliberal y que impone mayorías que hacen muy difícil concretar cambios. Chile es el segundo país de mayor inversión en educación a nivel mundial, pero buena
parte de ese gasto proviene del aporte de las familias que pagan por la educación media y superior con la consecuente segmentación y discriminación. Es para superar estas injusticias y desigualdades que distribuyen el alumnado en función de la clase social de origen que los
estudiantes chilenos impulsan un cambio de paradigma y no sólo la gratuidad de la enseñanza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario